Santiago se hace presente en la lucha
SANTIAGO. El movimiento cooperativo y de economía social y solidaria de la Región Norte del país solicitó a los congresistas del Cibao que rechacen la desprotección constitucional que se ha puesto en marcha en el Congreso Nacional.
Durante una rueda de prensa realizada en esta ciudad, la Federación de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN), se apela a la conciencia comprometida de las y los legisladores respecto de esta medida aprobada ya en primera lectura.
El Lic. Eddy Álvarez, presidente de la Federación de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN), acompañado de dirigentes de otras entidades agrupadas, sostuvo que República Dominicana podría convertirse en el primer país del mundo que retira la protección legal y constitucional al movimiento cooperativo y las entidades de economía social.
“Nosotros atendemos al 30 % de la población más pobre, la que por sus condiciones no puede aplicar al sistema financiero formal y operamos con gran transparencia y efectividad en una actividad que beneficia indirectamente a tres millones de personas, por intermedio de los 750 mil socios que se benefician de nuestro sistema en el cual no hay un grupo dueño del capital sino que el patrimonio es colectivo” dijo Álvarez.
El Lic. Rafael Narciso Vargas, presidente de la Cooperativa La Altagracia, Inc. indicó que los diputados y senadores del Cibao tienen la responsabilidad de defender a los sectores más empobrecidos de la región por lo que deben rechazar esa desprotección.
El Lic. Yanio Concepción, de la Cooperativa Vega Real, Inc. recordó que estas entidades contribuyen al fortalecimiento democrático y participativo de la sociedad, fomentan y promueven la generación de empleos en las comunidades del entorno operacional y combaten pobreza mediante la transformación de los más pobres sujeto de crédito y servicios.
Recordó que esa protección fue dispuesta en 1963 en la Constitución del gobierno del profesor Juan Bosch.
“Nos da la impresión que algunos diputados no tienen idea de lo que implica la desprotección constitucional a este movimiento” afirmó el Lic. Eddy Álvarez presiente de la Federación de Cooperativas del Cibao Central, FECOOPCEN.
Indicaron los dirigentes cooperativos en su encuentro con la prensa de Santiago que los dispositivos aprobados en primera lectura en la Comisión Revisora de la Constitución se retira el término “protección” y se sustituye por el de “libre competencia, con lo cual las cooperativas pasarían a recibir el trato impositivo y la regulación de la Superintendencia de Bancos , en lugar de estar a cargo del Instituto Dominicano de Crédito Cooperativo (Idecoop) y de estar regulados por la Ley No.127/64, formulada especialmente para estas entidades.
Explicaron que las cooperativas operan como un factor de estabilización social ante la crisis actual y que permiten resolver cuestiones prioritarias al 30% de la población más pobre del país.
“¿Qué sería de esos tres millones de personas si no tuvieran a mano el recurso de las cooperativas que les apoyan en sus urgencias y pequeños proyectos?” indicaron los cooperativistas.
El Lic. Eddy Álvarez, indicó que las cooperativas han adquirido una importancia capital por su aporte económico al país, estimado en unos 60 mil millones de pesos al año, por parte de las 750 cooperativas y organizaciones de economía social.
PROPUESTA AL CONGRESO
Las organizaciones cooperativas proponen, en lugar de la desprotección, incluir la economía solidaria como parte de las iniciativas económicas que contribuyen al desarrollo del país y por tanto beneficiaria de políticas de fomento y protección estatal. Y establecer la obligación del Estado de impulsar el desarrollo de economías asociativas y el comercio justo.
Piden además consignar el fomento de la producción nacional como factor determinante en la garantía de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación y ampliar la garantía del derecho al trabajo estableciendo la protección estatal al trabajo autónomo, labores de auto sustento y cuidado humano, así como el reconocimiento de todos los y las trabajadoras como actores sociales productivos.
Piden además definir y ejecutar las políticas públicas pertinentes buscando la reducción de las desigualdades y desventajas socio-económicas que afectan a segmentos poblacionales en el acceso a los recursos productivos.
1º. Las Cooperativas contribuyen al fortalecimiento democrático y participativo de la sociedad.
2º. Las Cooperativas fomentan y promueven la generación de empleos en las comunidades del entorno operacional.
3º. Las Cooperativas combaten los niveles de pobreza, convirtiendo en sujeto de crédito y servicios a extensos sectores de la población, excluida por el sistema de crédito tradicional.
4º. Las Cooperativas promueven el desarrollo local mediante el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa, incidiendo con ello en la disminución de los niveles de delincuencia.
5º. Las Cooperativas constituyen un instrumento idóneo de formación y difusión de sanos valores sociales, con enfoque de equidad.
6º. La Organización Internacional del Trabajo -OIT- mediante la Resolución 193 en su 90ª. Conferencia de junio de 2002 insta a los Estados signatarios a promover, fomentar y apoyar el surgimiento y desarrollo de las organizaciones cooperativas.
7º. Los Jefes de Estado y Jefes de Gobiernos Iberoamericanos en su Declaración de Uruguay de noviembre de 2006, establecen que:
“Las cooperativas y demás organizaciones de la Economía Social, con sus principios de productividad, competitividad, complementariedad, solidaridad y sobre todo responsabilidad social, contribuyen al desarrollo integral de las naciones”.
8º. Hay necesidad de seguir reconociendo el interés histórico del Estado Dominicano en la práctica y filosofía del cooperativismo socioeconómico.
9º. Visto que habíamos propuesto originalmente mantener el inciso b) del numeral 13, Articulo 8 de la Constitución vigente.
10º. Entendido de que habíamos propuesto que se agregara un literal c) y d), con el texto siguiente:
“c) Se declara de interés nacional el fomento y desarrollo del cooperativismo, disponiéndose la promoción de éste como empresa de la Economía Solidaria y su enseñanza en el Sistema Educativo Nacional, a todos los niveles.”
d) El Estado dará las garantías necesarias a las cooperativas y organizaciones de la economía solidaria para su crecimiento y desarrollo.
11º. Dado que nuestra propuesta sugería la inclusión en la Reforma Constitucional lo siguiente:
“El Estado podrá convertir sus empresas en propiedades de cooperación o economía cooperativista”, al mismo tiempo, “estimulará el ahorro familiar y el establecimiento de cooperativas de crédito, de producción, de distribución, de consumo o de cualesquiera otras que fueren de utilidad, así como también fomentará la creación y el desarrollo de la economía solidaria”.
“El Estado reconocerá la existencia de todos los sectores económico, agrupado en público, privado, cooperativo y solidario”.
12º. En vista de que la Asamblea Revisora Constitucional ha aprobado lo siguiente:
“ARTÍCULO 195. (ARTÍCULO 195 PPE)- El régimen económico, se orienta hacia el desarrollo humano y se fundamenta en el crecimiento económico, la justicia social, la equidad, la cohesión social y territorial, y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia, participación, solidaridad e igualdad de oportunidades”.
“ARTICULO 197. ( PPE ) El Estado garantiza el pluralismo económico basado en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Bajo el principio de subsidiaridad, el Estado puede por cuenta propia o en asociación con el sector privado, ejercer la actividad empresarial con el fin de prestar servicios públicos, asegurar el acceso de la población a bienes y servicios y de promover la economía del país,
“ARTÍCULO 200. (ARTÍCULO 200 PPE)- El Estado reconoce el aporte de las iniciativas económicas populares al desarrollo del país, a la vez que fomenta las condiciones de integración del sector informal en la economía nacional y promueve el desarrollo de la micro pequeña y mediana empresa, las cooperativas, las empresas familiares y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, la producción, el ahorro y el consumo, que generen condiciones que les permitan acceder a financiamiento, asistencia técnica y capacitación oportunos”.
13º. La FECOOPCEN propone que la Asamblea Revisora Constitucional al realizar la verificación y auditoría pertinente pondere la importancia significativa del cooperativismo dominicano y de la economía solidaria en beneficio de la colectividad y que en consecuencia el texto constitucional relativo a los aspectos atinentes al sector cooperativo dominicano quede así:
ARTÍCULO 195.- El régimen económico es plural, se orienta hacia el desarrollo humano, y se fundamenta en el crecimiento económico, la justicia social, la equidad, la cohesión social y territorial, y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia, participación, solidaridad e igualdad de oportunidades. El sistema económico estará constituido por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular, cooperativista, solidaria, y las demás que la constitución determine. Todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar trabajo digno.
“ARTICULO 197. El Estado garantiza el pluralismo económico basado en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Bajo el principio de subsidiaridad, el Estado puede por cuenta propia o en asociación con el sector privado y de economía solidaria, ejercer la actividad empresarial con el fin de prestar servicios públicos, asegurar el acceso de la población a bienes y servicios y de promover la economía del país,
ARTÍCULO 200.- El Estado reconoce el aporte de las iniciativas económicas populares al desarrollo del país, a la vez que fomenta las condiciones de integración del sector informal en la economía nacional; promueve, fomenta, incentiva y protege el desarrollo de las cooperativas, de la micro, pequeña y mediana empresa, las empresas familiares y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, la producción, el ahorro y el consumo, que generen condiciones que les permitan acceder a financiamiento, asistencia técnica y capacitación oportunos.
Lic. Eddy Samuel Álvarez
Presidente FECOOPCEN
Durante una rueda de prensa realizada en esta ciudad, la Federación de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN), se apela a la conciencia comprometida de las y los legisladores respecto de esta medida aprobada ya en primera lectura.
El Lic. Eddy Álvarez, presidente de la Federación de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN), acompañado de dirigentes de otras entidades agrupadas, sostuvo que República Dominicana podría convertirse en el primer país del mundo que retira la protección legal y constitucional al movimiento cooperativo y las entidades de economía social.
“Nosotros atendemos al 30 % de la población más pobre, la que por sus condiciones no puede aplicar al sistema financiero formal y operamos con gran transparencia y efectividad en una actividad que beneficia indirectamente a tres millones de personas, por intermedio de los 750 mil socios que se benefician de nuestro sistema en el cual no hay un grupo dueño del capital sino que el patrimonio es colectivo” dijo Álvarez.
El Lic. Rafael Narciso Vargas, presidente de la Cooperativa La Altagracia, Inc. indicó que los diputados y senadores del Cibao tienen la responsabilidad de defender a los sectores más empobrecidos de la región por lo que deben rechazar esa desprotección.
El Lic. Yanio Concepción, de la Cooperativa Vega Real, Inc. recordó que estas entidades contribuyen al fortalecimiento democrático y participativo de la sociedad, fomentan y promueven la generación de empleos en las comunidades del entorno operacional y combaten pobreza mediante la transformación de los más pobres sujeto de crédito y servicios.
Recordó que esa protección fue dispuesta en 1963 en la Constitución del gobierno del profesor Juan Bosch.
“Nos da la impresión que algunos diputados no tienen idea de lo que implica la desprotección constitucional a este movimiento” afirmó el Lic. Eddy Álvarez presiente de la Federación de Cooperativas del Cibao Central, FECOOPCEN.
Indicaron los dirigentes cooperativos en su encuentro con la prensa de Santiago que los dispositivos aprobados en primera lectura en la Comisión Revisora de la Constitución se retira el término “protección” y se sustituye por el de “libre competencia, con lo cual las cooperativas pasarían a recibir el trato impositivo y la regulación de la Superintendencia de Bancos , en lugar de estar a cargo del Instituto Dominicano de Crédito Cooperativo (Idecoop) y de estar regulados por la Ley No.127/64, formulada especialmente para estas entidades.
Explicaron que las cooperativas operan como un factor de estabilización social ante la crisis actual y que permiten resolver cuestiones prioritarias al 30% de la población más pobre del país.
“¿Qué sería de esos tres millones de personas si no tuvieran a mano el recurso de las cooperativas que les apoyan en sus urgencias y pequeños proyectos?” indicaron los cooperativistas.
El Lic. Eddy Álvarez, indicó que las cooperativas han adquirido una importancia capital por su aporte económico al país, estimado en unos 60 mil millones de pesos al año, por parte de las 750 cooperativas y organizaciones de economía social.
PROPUESTA AL CONGRESO
Las organizaciones cooperativas proponen, en lugar de la desprotección, incluir la economía solidaria como parte de las iniciativas económicas que contribuyen al desarrollo del país y por tanto beneficiaria de políticas de fomento y protección estatal. Y establecer la obligación del Estado de impulsar el desarrollo de economías asociativas y el comercio justo.
Piden además consignar el fomento de la producción nacional como factor determinante en la garantía de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación y ampliar la garantía del derecho al trabajo estableciendo la protección estatal al trabajo autónomo, labores de auto sustento y cuidado humano, así como el reconocimiento de todos los y las trabajadoras como actores sociales productivos.
Piden además definir y ejecutar las políticas públicas pertinentes buscando la reducción de las desigualdades y desventajas socio-económicas que afectan a segmentos poblacionales en el acceso a los recursos productivos.
1º. Las Cooperativas contribuyen al fortalecimiento democrático y participativo de la sociedad.
2º. Las Cooperativas fomentan y promueven la generación de empleos en las comunidades del entorno operacional.
3º. Las Cooperativas combaten los niveles de pobreza, convirtiendo en sujeto de crédito y servicios a extensos sectores de la población, excluida por el sistema de crédito tradicional.
4º. Las Cooperativas promueven el desarrollo local mediante el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa, incidiendo con ello en la disminución de los niveles de delincuencia.
5º. Las Cooperativas constituyen un instrumento idóneo de formación y difusión de sanos valores sociales, con enfoque de equidad.
6º. La Organización Internacional del Trabajo -OIT- mediante la Resolución 193 en su 90ª. Conferencia de junio de 2002 insta a los Estados signatarios a promover, fomentar y apoyar el surgimiento y desarrollo de las organizaciones cooperativas.
7º. Los Jefes de Estado y Jefes de Gobiernos Iberoamericanos en su Declaración de Uruguay de noviembre de 2006, establecen que:
“Las cooperativas y demás organizaciones de la Economía Social, con sus principios de productividad, competitividad, complementariedad, solidaridad y sobre todo responsabilidad social, contribuyen al desarrollo integral de las naciones”.
8º. Hay necesidad de seguir reconociendo el interés histórico del Estado Dominicano en la práctica y filosofía del cooperativismo socioeconómico.
9º. Visto que habíamos propuesto originalmente mantener el inciso b) del numeral 13, Articulo 8 de la Constitución vigente.
10º. Entendido de que habíamos propuesto que se agregara un literal c) y d), con el texto siguiente:
“c) Se declara de interés nacional el fomento y desarrollo del cooperativismo, disponiéndose la promoción de éste como empresa de la Economía Solidaria y su enseñanza en el Sistema Educativo Nacional, a todos los niveles.”
d) El Estado dará las garantías necesarias a las cooperativas y organizaciones de la economía solidaria para su crecimiento y desarrollo.
11º. Dado que nuestra propuesta sugería la inclusión en la Reforma Constitucional lo siguiente:
“El Estado podrá convertir sus empresas en propiedades de cooperación o economía cooperativista”, al mismo tiempo, “estimulará el ahorro familiar y el establecimiento de cooperativas de crédito, de producción, de distribución, de consumo o de cualesquiera otras que fueren de utilidad, así como también fomentará la creación y el desarrollo de la economía solidaria”.
“El Estado reconocerá la existencia de todos los sectores económico, agrupado en público, privado, cooperativo y solidario”.
12º. En vista de que la Asamblea Revisora Constitucional ha aprobado lo siguiente:
“ARTÍCULO 195. (ARTÍCULO 195 PPE)- El régimen económico, se orienta hacia el desarrollo humano y se fundamenta en el crecimiento económico, la justicia social, la equidad, la cohesión social y territorial, y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia, participación, solidaridad e igualdad de oportunidades”.
“ARTICULO 197. ( PPE ) El Estado garantiza el pluralismo económico basado en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Bajo el principio de subsidiaridad, el Estado puede por cuenta propia o en asociación con el sector privado, ejercer la actividad empresarial con el fin de prestar servicios públicos, asegurar el acceso de la población a bienes y servicios y de promover la economía del país,
“ARTÍCULO 200. (ARTÍCULO 200 PPE)- El Estado reconoce el aporte de las iniciativas económicas populares al desarrollo del país, a la vez que fomenta las condiciones de integración del sector informal en la economía nacional y promueve el desarrollo de la micro pequeña y mediana empresa, las cooperativas, las empresas familiares y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, la producción, el ahorro y el consumo, que generen condiciones que les permitan acceder a financiamiento, asistencia técnica y capacitación oportunos”.
13º. La FECOOPCEN propone que la Asamblea Revisora Constitucional al realizar la verificación y auditoría pertinente pondere la importancia significativa del cooperativismo dominicano y de la economía solidaria en beneficio de la colectividad y que en consecuencia el texto constitucional relativo a los aspectos atinentes al sector cooperativo dominicano quede así:
ARTÍCULO 195.- El régimen económico es plural, se orienta hacia el desarrollo humano, y se fundamenta en el crecimiento económico, la justicia social, la equidad, la cohesión social y territorial, y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia, participación, solidaridad e igualdad de oportunidades. El sistema económico estará constituido por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular, cooperativista, solidaria, y las demás que la constitución determine. Todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar trabajo digno.
“ARTICULO 197. El Estado garantiza el pluralismo económico basado en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Bajo el principio de subsidiaridad, el Estado puede por cuenta propia o en asociación con el sector privado y de economía solidaria, ejercer la actividad empresarial con el fin de prestar servicios públicos, asegurar el acceso de la población a bienes y servicios y de promover la economía del país,
ARTÍCULO 200.- El Estado reconoce el aporte de las iniciativas económicas populares al desarrollo del país, a la vez que fomenta las condiciones de integración del sector informal en la economía nacional; promueve, fomenta, incentiva y protege el desarrollo de las cooperativas, de la micro, pequeña y mediana empresa, las empresas familiares y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, la producción, el ahorro y el consumo, que generen condiciones que les permitan acceder a financiamiento, asistencia técnica y capacitación oportunos.
Lic. Eddy Samuel Álvarez
Presidente FECOOPCEN
1 comentarios:
Santiago es una ciudad cooperativista y tienen el derecho a reclamar la proteccion en la constitucion tal como se hace en otros paises y como esta recogido en la constitucion actual. Soy socio de la COOPERATIVA LA ALTAGRACIA y en ella he podido lograr mi casita y un pequeño negocio en mi casa. A defender la PROTECCION CONSTITUCIONAL TODOS !!
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